jueves, 24 de diciembre de 2009

SEGURIDAD PUBLICA - PREVENCIÒN O PERSECUSIÓN?


Ante la insuficiencia de los resultados obtenidos por el gobierno en materia de combate a la delicuencia, se propuso, una iniciativa de reforma a la Constitución, con la que se pretende “modernizar el sistema de justicia penal” modificando diversas figuras e instituciones, entre las que destaca; el replanteamiento del papel de la policía en la investigación penal “devolviéndole las facultades” que le permitan recibir denuncias, recabar evidencias físicas y datos relacionados con los hechos posiblemente delictuosos, “sin la camisa de fuerza que significa una innecesaria subordinación jerárquica y operativa al Ministerio Público”.

En efecto, dicha iniciativa lo que pretendía era otorgar a la policía la autonomía técnica y funcional necesaria para la investigación y persecución de los delitos, con la atribución de facultades que le permitan el conocimiento de los hechos aparentemente delictivos y la identificación del probable autor o partícipe.

Considero que la esta propuesta es sumamente riesgosa y compromete seriamente el futuro de la nuestra sociedad, ya que pone en riesgo los derechos fundamentales de quienes formamos parte de ella. El sistema de seguridad pública mejoraría si el Estado Mexicano refuerza la función policial de prevención y evita el incremento de facultades discrecionales para los cuerpos policíacos, en el ejercicio de la función persecutoria del delito.

A fin de corroborar esta hipótesis, considero pertinente precisar ¿qué debemos entender por actividad policial?. Elena Laura Mariani refiere que es “aquella función estatal básicamente orientada a limitar aquellos actos y comportamientos que configuren un perjuicio para las personas. Se trata de acciones limitativas en función de la protección ciudadana frente a determinados riesgos o actos que suponen una lesión concreta a las personas en una situación de seguridad pública, es decir a cierto o ciertos derechos y libertades”.

Ahora bien, podemos decir que la actividad policíaca se circunscribe a dos aspectos fundamentales, la prevención y la persecución.

El primer tipo disuade con su presencia la comisión de los hechos delictuosos o adopta las medidas necesarias para evitar las infracciones a la ley.

El segundo tipo consiste en investigar y como su nombre lo indica en perseguir los delitos, o sea, se actualiza al consumarse el ilícito penal, que conforma el presupuesto necesario para la práctica de esta función.

Ambos aspectos son pilares de un buen sistema de seguridad pública, pero estimamos que la función preventiva tiene preeminencia, pues si ésta funciona correctamente, ello incidirá directamente en la inhibición de la comisión de delitos y por tanto, será menos necesaria la intervención de los cuerpos policiales encargados de la represión del mismo. Consecuentemente, la prevención es la función policial que debe reforzarse para mejorar la seguridad pública.

Sobre el particular, Martínez Garnelo en su obra Policía nacional investigadora nos dice: “La prevención es sin duda alguna, la función más importante de la policía. Es obvio que una buena prevención de la delincuencia vuelve menos necesaria su persecución y represión. Por el contrario, todo cuerpo policíaco que no cumpla con su función preventiva, se convierte él mismo en factor criminógeno. Si la policía falla en su labor preventiva por negligencia o incapacidad se convertirá en factor criminal del delito al dejar de evitar los delitos que bien se pueden evitar.”

Desafortunadamente, en México la obra de prevención social realizada es muy pobre, la policía ha sido una policía de persecución. En la inmensa mayoría de los casos, interviene después de que el delito ha sido realizado para aprehender al delincuente y coadyuvar en su castigo; son raras las ocasiones en que la prevención ha logrado evitar la comisión de un delito.

Resulta evidente que los gobiernos se han olvidado de la función de prevención de los delitos para concentrarse en el aspecto de persecución de los mismos, lo que hasta el momento no ha rendido buenos frutos.

Ahora bien, si el hecho de que la policía ejerza la facultad investigatoria y persecutoria de los delitos en auxilio del Ministerio Público no ha contribuido a la disminución de los mismos, menos aún si se le otorga autonomía y facultades amplias para actuar en el desarrollo de las investigaciones, pues en este caso se corre el riesgo de que se cometan abusos y arbitrariedades que no solamente impidan prevenir o conjurar aquellas conductas violatorias de derechos sino, peor aún, que se constituyan en una fuente de violaciones a las garantías fundamentales de los integrantes de la sociedad y por ende de vulneraciones a la seguridad pública.

Otorgar facultades a la policía para que actúe de manera autónoma, sin subordinación jerárquica al Ministerio Público, es legitimar sus abusos frente a la ciudadanía, es reconocer el uso de la violencia como método de las investigaciones y, desde luego, la violencia no es sinónimo de eficiencia en el combate del delito, por el contrario, el incremento de la violencia policial acentúa la agresividad en la respuesta de los delincuentes, lo que genera una espiral incontenible en el que las principales víctimas somos los ciudadanos.

Es cierto que los cuerpos policiales requieren de una profunda transformación estructural, pero también lo es que la política de combate al crimen debe dejar de considerar al estado de derecho como un obstáculo, debe considerarse que, como afirma Ferrajoli “un Estado Constitucional de Derecho es un orden imperfecto y no se debe combatir el delito a cualquier precio, tal como se podría hacer en un Estado totalitario basado en la idea de Hobbes.”

México debe apartarse de las políticas de seguridad de signo autoritario basadas en el aumento de los poderes discrecionales de la policía, y aumentar sus esfuerzos en el aspecto de prevención del delito, haciendo programas integrales de largo plazo que arrojen resultados duraderos, erigiendo a los cuerpos policíacos como parte de la solución y no como un elemento más del problema.

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